SEÑOR DIRECTOR:

Actualmente se discute un proyecto de ley que busca restringir el acceso a prestaciones estatales —mal llamadas “beneficios”— y al Registro Social de Hogares a personas migrantes sin documentación vigente. Esta iniciativa representa un grave retroceso en materia de DD.HH. y una señal inquietante respecto de nuestras prioridades como país. De aprobarse, afectaría directamente a niños, niñas y jóvenes (NNJ), interrumpiendo su acceso a apoyos esenciales y poniendo en riesgo la continuidad de sus trayectorias educativas. Además, desconoce estándares internacionales y evidencia disponible que demuestran que las políticas excluyentes no resuelven problemas administrativos ni de gestión migratoria, sino que generan mayor vulnerabilidad y profundizan la desigualdad estructural.

Condicionar el derecho a la educación y a la protección social al estatus migratorio no solo discrimina, sino que también profundiza las desigualdades y castiga a NNJ y sus familias por su situación administrativa. La justicia educacional exige justamente lo contrario: remover barreras, no levantar nuevas.

La educación es un derecho, no un instrumento de control migratorio.

Claudia Matus

Académica titular de la Facultad de Educación UC y directora del Centro de Justicia Educacional.