SEÑOR DIRECTOR:

La Ley de Inclusión Laboral entró en vigencia en 2018. Por primera vez, Chile estableció que organismos públicos y empresas con más de 100 trabajadores debían destinar al menos un 1% de sus puestos a personas con discapacidad. Fue un avance importante, pero ocho años después aún estamos lejos de notar un impacto real.

Hace poco conocimos cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que muestran que apenas una cuarta parte de las empresas privadas y de las instituciones públicas cumple con la cuota. Un reporte de la Dirección del Trabajo agrega que solo el 35% de los 124 mil empleos generados al amparo de esta ley se ha mantenido. Más preocupante aún es la situación de las personas con discapacidad intelectual. Según la ENDIDE 2022, se estima que casi el 80% de los adultos permanece fuera del mercado laboral. Son más de 173 mil personas cuyo derecho a trabajar sigue siendo una promesa incumplida.

Muchas organizaciones siguen viendo la inclusión como una obligación legal, en vez de asumirla como parte de una cultura organizacional.

La inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual requiere políticas más ambiciosas. Es indispensable fortalecer la fiscalización del cumplimiento de la Ley, pero también debe generar incentivos a la contratación, flexibilizar el uso de los recursos asociados a la normativa y avanzar hacia el fomento de un modelo de empresa con empleo protegido, acreditando a aquellas que contraten mayoritariamente a personas con discapacidad intelectual, como en España.

La inclusión no puede medirse solo por el cumplimiento de una cuota. Debe reflejar la capacidad de un país para derribar prejuicios, abrir oportunidades y garantizar que miles de personas puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. No podemos seguir postergando esta deuda.

Nicolás Fehlandt

Gerente general Fundación Coanil