SEÑOR DIRECTOR:

La reciente controversia generada en Estados Unidos, por la decisión de la administración del Presidente Donald Trump de excluir a determinados medios del acceso a la Casa Blanca, abre una discusión que trasciende la política contingente e interpela directamente a las democracias contemporáneas: el acceso a información de interés público no puede depender de la valoración que una autoridad haga de quienes la difunden.

La libertad de expresión no constituye una prerrogativa especial de periodistas o medios de comunicación. Es, ante todo, una garantía indispensable para la deliberación democrática. Desde esta perspectiva, cualquier decisión que discrimine entre medios en función de su línea editorial o de la cobertura que realizan merece especial atención, pues el problema de fondo no es quién formula las preguntas, sino las condiciones bajo las cuales se ejerce el escrutinio público al poder.

En una época marcada por la desinformación, la polarización y la pérdida de confianza institucional, puede resultar tentador justificar restricciones en nombre de la seguridad, el orden o incluso la calidad de la información. Sin embargo, la experiencia demuestra que las democracias se fortalecen cuando amplían los espacios de transparencia y rendición de cuentas, no cuando reducen las voces presentes en la conversación pública.

La discusión actual recuerda algo esencial: en democracia, el poder no solo debe actuar dentro de la ley, sino también aceptar la crítica, la vigilancia y la incomodidad que supone ser observado. Cuando una autoridad comienza a decidir qué voces merecen acceso y cuáles no, el debate deja de centrarse en la calidad de la información y pasa a situarse en un terreno mucho más delicado: el de los límites que el poder está dispuesto a reconocer para sí mismo.

María José Labrador

Directora Centro de Estudios de Comunicación Aplicada UDD