SEÑOR DIRECTOR:

Hay leyes que se escriben para funcionar y leyes que se escriben solo para tener impacto en redes sociales. En Chile, las segundas ganan terreno. A esa práctica conviene llamarla por su nombre: “buenismo legislativo”, es decir, tramitar iniciativas por su impacto mediático, aunque el contenido sea técnicamente deficiente o inconstitucional, como ocurre al comprometer gasto público sin patrocinio del Ejecutivo.

El argumento es siempre el mismo: por una supuesta urgencia, hay parlamentarios que se saltan las reglas o se desoye a los expertos. Es la lógica de los retiros previsionales y del royalty portuario. Hoy esto se encarna en la presión del PDG por exenciones de IVA -política riesgosa, pero que “vende”- como condición para respaldar una reforma clave de gobierno.

El Congreso debe recuperar el estándar técnico en su trabajo parlamentario. El costo de lo técnicamente deficiente siempre lo terminan pagando los ciudadanos comunes. La evidencia no puede quedar subordinada a la urgencia política. Legislar bien también es una política pública.

Lucas González

Investigador Instituto Libertad